6 mayo, 2021

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Las razones para que los paramilitares quieran entrar a la JEP

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Pese a que en el 2005, a través de la ley de Justicia y Paz, se adelantó un proceso de desmovilización con las AUC, los exmiembros del grupo armado quieren ingresar al mecanismo creado por el acuerdo de paz entre en Gobierno y las Farc. Cuáles son los beneficios

A finales de mes de febrero se dio a conoce la llamada entre Rodrigo Lodoño, conocido como ‘Timochenko’ y Salvatore Mancuso. Los dos exlideres de grupos armados que ahora quieren revelar su versión de la verdad y los crímenes cometidos en el conflicto armado.

En la comunicación, Mancuso exparamilitar, le expresó a Londoño que está dispuesto a declarar y reunirse con los integrantes de la Comisión de la Verdad para participar de manera activa en los encuentros que se adelantan por cuenta de la entidad.

Hay personas interesadas en que llegue a una cárcel para torturarme, asesinarme, y así silenciarme definitivamente. Mis verdades han sido y siguen siendo muy incómodas porque involucran la responsabilidad del Estado y de personas de reconocida connotación nacional”, señaló.

También, menciona la posibilidad de dar a conocer su verdad ante la Jurisdicción Especial para la Paz, y de ese modo lograr encontrar el camino para resarcir todo el daño causado a la población colombiana, “así podemos buscar de manera pública reconstruir esa verdad y confesarla públicamente”, indicó.

Los exparamilitares miembros de las Autodefensas Unidad de Colombia (AUC), firmaron un acuerdo de paz con el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que recibió el nombre de ley de Justicia y Paz. Fue el primer mecanismo de Justicia transicional creado en el país, pero se dio de una forma distinta al acuerdo de paz del 2016. Pues, fue un marco jurídico promovido por el gobierno de ese momento y se aprobó por medio del Congreso.

Pese a que la ley quería crear garantías para la desmovilización y la reparación de las victimas, recibió muchas criticas. Por parte de los desmovilizados porque una vez los altos cargos firmaron el acuerdo, fueron extraditados a Estado Unidos, sin dar a conocer detalles de los crímenes perpetrados por el grupo. Además, de que muchos de los exmiembros no recibieron garantías, por lo que hasta el 2019 se calculaba que más 2.200 excombatientes de la AUC fueron asesinados, el mayor pico de violencia contra los desmovilizados se dio entre 2010 y 2012.

Por otra parte, de acuerdo a un informe del Centro de Memoria Histórica, en este proceso las victimas no se sintieron reconocidas, ya que desde los diálogos fueron excluidas y pese a toda la información que se a recaudado de este grupo y sus atrocidades, esta no ha sido suficiente para reconstruir la verdad y para que los sobrevivientes se sientan reparados.

Frente a las victimas y la ley de Justicia y Paz, Néstor Rosanía, director del Instituto de Estudios en Seguridad y Paz, le explicó al Heraldo que esta mecanismo se quedo corto.

Ley 975 de 2005 se quedó corta en el tema de verdad y reparación para las víctimas. Finalmente no se dieron los espacios para que hubiera una reparación y no había un modelo estructurado para canalizar la verdad, se quedaba en una verdad casi que procesal manejada por la Fiscalía y no tuvo el impacto que se necesitaba”.

Por esto, pese a que los ex-AUC, tuvieron su propio tribunal, han sido reiterativos en sus solicitudes de ingreso a la JEP. Como Salvador Arana, el único ‘para’ que ha logrado su ingreso hasta el momento, fue admitido puesto que actuó como “agente del Estado”. Asimismo, varios exjefes de esa organización delictiva como ‘Mancuso’, ‘Jorge 40’, ‘Macaco’, entre otros, hicieron la solicitud pero fueron rechazados por el tribunal especial.

Camilo González director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz -Indepaz-, en una entrevista con el medio colombiano explicó que este fenómeno se debe a muchas razones, entre esas poder preservar su vida ante la posible amenaza por hablar de los crímenes ejercidos por las AUC.

Una de ellas limpiar su nombre y buscar algún reconocimiento que les permita la protección de su vida y la de su familia, punto que estaría relacionado con mostrar desde su punto de vista el sentido de toda esa operación paramilitar en el que no solo estuvieron incluidos ellos, sino que respondían a agentes superiores y directrices de Estado”, señaló el director de Indepaz.

Agregó Rosanía que otro de los motivos esta relacionado con las estructuras de los Tribunales e hizo una critica a la JEP por la necesidad que surge de saber la verdad desde los terceros implicados.

Lo que tiene la JEP es que el marco de verdad está metido en un sistema integral, tiene una estructurada jurídica y robusta, con sus magistrados propios y está muy bien diseñada (…) en la 975 se limitan a los beneficios jurídicos, pero no se tocan los temas sensibles y solo fue diseñada para los paramilitares, mientras que la JEP, que entre comillas fue diseñada para las Farc, tiene un margen más amplio de actores del conflicto. Su único vacío, uno muy grande, es que sacaron de los actores a la clase política y a los empresarios, que finalmente desde allí se financió el conflicto”.